La película saca a la luz los trabajos forzados de un batallón de 250 trabajadores republicanos en las minas de Fabero (León) durante la posguerra española. Se trata de un trabajo de investigación sobre una historia «subterránea, como las propias minas», silenciada en la memoria colectiva, incluso en la local, por el «poderoso efecto que el miedo ha ejercido sobre la memoria».
Durante dos años, Domínguez y Terrón han recorrido con la cámara el camino que hacían los mineros presos desde los barracones levantados en Fabero, ya desaparecidos, a la bocamina (que también está tapada). Así, entrevistaron a hijos e hijas de los prisioneros, a mineros ya libres que fueron testigos, e incluso tuvieron que cruzar el Atlántico para recoger el testimonio de uno de los pocos superviventes, Vicente García, de 92 años, que vive en Argentina.
También han seguido el rastro de los mineros en los archivos históricos, contrastando la información con expertos como Reyes Maté, investigador de los campos de concentración del nazismo, o Javier Rodríguez, profesor de Historia de la Universidad de León que investiga la represión bajo la dictadura franquista.
El silencio es el hilo conductor del documental, «un silencio que afecta a lo más físico, a la mina y a los barracones derruidos», explica Chus Domínguez, y cuya única explicación es la «larga represión a nivel psicológico que supusieron los 40 años de dictadura, sin que hubiera la oportunidad para que una generación siguiente a ellos destapara el tema».
Este silencio es más sorprendente, añade Domínguez, por cuanto la duración de la explotación de presos en las minas de Antracita de Moro y Minas del Bierzo se prolongó durante ocho años, entre 1939 y 1947.
Los campos del silencio «trata de recuperar la memoria sobre estos sucesos, sobre el sufrimiento a que se vieron forzados esos hombres y sus familias», al tiempo que «indaga en los mecanismos de construcción social de la inconsciencia colectiva».
En sus 52 minutos de duración, la película indaga también en los motivos por los que el régimen franquista privilegió a las minas como destinatarias de esta mano de obra barata: «Las minas se habían quedado vacías y las cárceles estaban llenas de mineros, profesionales muy cualificados que trabajan desde el primer día a pleno rendimiento sin necesidad de aprendizaje», indican Terrón y Domínguez.
La minería era un sector estratégico para el país, la única exportación que podía permitirse el régimen. Y los trabajos forzados de los presos republicanos fueron maquillados como «una impecable relación laboral, en la que los presos pudieron redimir su pena. Ningún matiz que explique que aquellos presos lo eran por haber defendido la legalidad democrática vigente de la República», señalan.
Los presos que trabajaron en las minas durante la posguerra española tenían un sueldo oficial de dos pesetas diarias, pero en la práctica sólo llegaban a sus manos y a sus familias 50 céntimos. En teoría, el dinero detraído iba destinado a la manutención de los prisioneros. Eran, además, salarios muy bajos si se comparan con el sueldo medio del país en la época de posguerra, que se situaba entre 10 y 14 pesetas de media al día. Los prisioneros republicanos fueron destinados no sólo a minas de León, sino también de Asturias, Galicia, Teruel, Almadén, Guardia de Ares (Lérida) Hellín (Albacete), La Unión y Cartagena (Murcia).
Hasta 20.000 presos trabajaron en una actividad más simbólica que productiva, la construcción del Valle de los Caídos a partir de 1940. La redención de penas por el trabajo fue instaurada, según el decreto 281 de 1937, «por el aumento en el número de prisioneros y condenados» que requerían destino «apremiante».